- El dictamen con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones constitucionales en materia electoral, fue turnado a la Cámara de diputados y podría ser sometido a votación el martes 7 de abril
Ciudad de México. – Con 87 votos a favor y 41 en contra, en la Cámara de Senadores se aprobó El “Plan B” de la Reforma Electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, de la que se desechó lo relativo a la revocación de mandato que se pretendía incluir para las elecciones del 2027.
Durante las primeras horas de hoy se envió a la Cámara de Diputados el dictamen con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral, documento que podría ser sometido a votación el martes 7 de abril, ya que legisladores fueron citados a las 11:00 horas, en modalidad semipresencial.
La presidenta de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que se recibió del Senado de la República la minuta con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 115, 116 y se adiciona un párrafo al artículo 134 de la Constitución Política.
El documento, remitido a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral para dictamen, indica que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente o presidenta municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías, de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en el acceso, integración y ejercicio del poder público municipal.
Las constituciones estatales deberán establecer que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del cero punto setenta por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.
Asimismo, deberán garantizar los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género, en la integración y funcionamiento de los órganos legislativos locales, así como prohibir la reelección de las personas diputadas a las legislaturas de los estados para el periodo inmediato posterior a su ejercicio de su mandato.
Las remuneraciones de las personas consejeras electorales, las magistradas y magistrados electorales, titulares de las secretarías de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas, no excederán el límite establecido en el artículo 127 de esta Constitución.
Añade que no podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.
El dictamen fue avalado en lo general con 87 votos a favor y 41 en contra, en el Senado por lo que reunió la mayoría calificada que se requiere para la aprobación de una reforma constitucional.
En lo particular, la Asamblea aceptó una reserva que presentó la senadora Lizeth Sánchez García, del PT, para suprimir los cambios al artículo 35 sobre la revocación de mandato, por lo que esta figura se mantiene en los términos vigentes de la Constitución Política.
Sánchez García sostuvo que la revocación de mandato y las elecciones son mecanismos con propósitos distintos que, de mezclarse en un mismo proceso electoral, “se corre el riesgo de distorsionar su sentido democrático”.
Además, senadores de los Grupos Parlamentarios de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano presentaron diversas propuestas para modificar el dictamen, pero no fueron aceptadas por el Pleno del Senado, por lo que los artículos 115, 116 y 134 fueron avalados, con 87 votos a favor y 41 en contra en los términos del dictamen; el documento que fue remitido a la Cámara de Diputados.
Con los cambios constitucionales, los ayuntamientos de los municipios podrán integrarse con una sindicatura y hasta quince regidurías; también para el ámbito local, se agrega que el presupuesto de las legislaturas locales no debe exceder del cero punto setenta por ciento del presupuesto de egresos de la respectiva entidad federativa.
Para las autoridades electorales, el dictamen precisa que no podrán tener una remuneración mayor a la que percibe la persona titular del Ejecutivo Federal los consejeros, magistrados, secretaros titulares de las órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas.
En el tercero transitorio del proyecto también se establece que el presupuesto anual autorizado para el Senado de la República deberá ajustarse de manera progresiva durante los cuatro ejercicios fiscales subsecuentes, con el objeto de alcanzar, al término de ese periodo, una reducción acumulada equivalente al quince por ciento.
En la discusión del dictamen, Martha Lucía Micher Camarena, de Morena, defendió que la reforma a la revocación de mandato confirma a este mecanismo como una expresión sustantiva del principio de soberanía popular y como instrumento de control democrático; “no es una figura simbólica, es una herramienta que transforma la manera en que se ejerce el poder” por lo que, sostuvo, con esta reforma “el mandato deja de ser inmutable” para estar sujeto al escrutinio de la gente.
Por el PAN, Verónica Rodríguez Hernández señaló que esta reforma “vende” una idea de eliminación de privilegios, pues, acusó, en realidad busca “concentrar el poder” y “vulnerar” el federalismo y la división de poderes, al decidir desde el centro del país la integración de los cabildos municipales sin consultar a los congresos locales.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Manuel Añorve Baños, acusó que lo que se pretende no es autoridad, sino control. “Lo que quieren es que aparezca la presidenta por la puerta de atrás” y así utilizar los recursos de las entidades donde existe afinidad, indicó.
Del PVEM, Waldo Fernández González agregó que la reforma establece límites razonables, plantea una integración más eficiente de los ayuntamientos, establecer máximos a la integración de regidurías y evitar mecanismos de control político.
Alberto Anaya Gutiérrez, del PT, aseguró que su Grupo Parlamentario acompaña la reforma en lo general, pero precisó que “nos separamos del contenido del dictamen en lo que se refiere al artículo 35 de la Constitución”. Expresó el respaldo de su bancada a la presidenta Claudia Sheinbaum y afirmó que la coalición que le permitió que llegara al poder “está más firme que nunca” para 2027 y 2030.
Clemente Castañeda Hoeflich dijo que MC tomó la decisión de rechazar el “Plan B”, porque consideran que en términos generales no tiene ningún impacto positivo en la vida positiva de los mexicanos y que el dictamen pretende hacer constitucional la inequidad en beneficio del partido gobernante. Lo más sustantivo y negativo es que desnaturaliza la revocación de mandato, un instrumento de empoderamiento ciudadano.
Los senadores del PAN, Mario Humberto Vázquez Robles, Marko Cortés Mendoza, Michel González Márquez, Imelda Sanmiguel Sánchez, Gina Gerardina Campuzano González y de Movimiento Ciudadano, Amalia Dolores García Medina y Néstor Camarillo Medina expusieron votos particulares a los que no se les dio trámite debido a que no cumplieron con la presentación de un texto alternativo al dictamen, informó la Mesa Directiva.
