Por: Mario Héctor Silva (Periodista y Analista Político)
TORRE FUERTE
- ¿Quién protege a Raúl Rodríguez?
- Pérez Cuéllar, obligado a intervenir
- Quieren la presidencia de CANACO
- CEDH, entre Carrasco y Geo Bujanda
¿Quién protege a Raúl Rodríguez?
El accidente ocurrido ayer en la colonia Plutarco Elías Calles, donde fue atropellada una menor de 15 años, producto de la irresponsabilidad del conductor de una unidad de transporte especial, que viajaba a exceso de velocidad y sin frenos, no es un hecho aislado.
Por decenas, los múltiples accidentes ocurridos en Ciudad Juárez donde se han visto involucradas las unidades de transporte especial que movilizan a los trabajadores de la industria maquiladora, donde ‘reina’ la anarquía y la omisión de las autoridades del transporte público del estado de Chihuahua.
70 accidentes de transporte público y de personal se contabilizan en poco más de dos meses, y no hay autoridad responsable. Se hacen de la ‘vista gorda’.
Los concesionarios del transporte se mantienen en el juego de los intereses económicos, y algunos, a pesar del negro historial, los expedientes en la Fiscalía General del Estado y las múltiples pugnas internas, con total libertad y desfachatez siguen participando de los contratos y gozando de las canonjías del poder, en un asunto que no parece impórtale lo más mínimo a la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos.
Un solo nombre: Raúl Rodríguez Santillanes, concesionario de transporte público, responsable del desfalco del Fideicomiso de la Ruta Troncal número 1 y de la quiebra del ‘Vivebus’, que puso en marcha el gobierno de César Duarte, al que le han inyectado cientos de millones de pesos los gobiernos de Javier Corral y Maru Campos, de los concesionarios de transporte que tienen cuentas pendientes, a pesar de la protección que le brinda la autoridad de transporte en el estado de Chihuahua.
El mismo sujeto que durante su gestión como presidente del Consejo de Administración de la Integradora de Transporte (INTRA) fue acusado y señalado, con ‘pelos y señales’ en expedientes ante Transporte Público, Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General del Estado, de las deudas y problemas financieros, no solo con las armadoras de transporte, sino con los mismísimos concesionarios que participaban en el Fideicomiso.
Un asunto que no quiso enfrentar ni atender el gobierno de Javier Corral, donde ahora el subsecretario de Transporte Público, Luis Manuel Aguirre, literal, se ha ‘lavado las manos’, señalando que las pugnas y acusaciones entre los concesionarios, es un asunto interno que no compete a la autoridad estatal y que deben resolver ellos por cuenta propia.
Raúl Rodríguez, es el mismo concesionario que participó como titular de los Servicios Públicos en el gobierno independiente de Armando Cabada, que trabajaba solo unas horas en la administración (medio tiempo), para dedicarle también tiempo a sus ‘negocios’ de transporte, porque seguía siendo el presidente de INTRA.
Pero el caso de Jocelyn Arely, nuevamente ha desnudado la realidad del importamadrismo de las autoridades estatales en materia de transporte, y por si fuera poco, asoman los rumores de que el concesionario y propietario del camión de transporte que acabó con la vida de la joven de la Plutarco Elías Calles, pertenece a Raúl Rodríguez Santillanes.
Apenas hace un mes (febrero), otro accidente registrado en el periférico del Camino Real, dejó un saldo de 14 personas lesionadas en un camión de personal que trasladaba a trabajadores de la empresa Foxconn.
El chofer perdió el control en una de las curvas y chocó contra los muros de contención, a nada de una verdadera tragedia. Los testigos dijeron que el camión de personal especial viajaba a “exceso de velocidad” y que el conductor no pudo controlar la unidad.
Habrá que ver qué deciden en Palacio, y que instrucciones girará el Secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, porque es necesaria y urgente una ‘limpia’ de los concesionarios de transporte.
Especialmente en el área de transporte de personal, que mueve diariamente a más de medio millón de trabajadores que laboran en las más de 300 plantas maquiladoras en la ciudad.
Y sobre ellos tiene que venir la exigencia del gobierno en materia de transporte y la exigencia de los responsables de la industria maquiladora que celebran contratos ‘baratos’ y sin responsabilidad para las empresas manufactureras.
Les importa a los ejecutivos de la maquiladora un carajo si los camiones chatarra mueven, como sea, a los miles de trabajadores a sus centros de trabajo.
Es una ciudad donde impera la anarquía y donde sigue ausente la Ley y el Orden.
Pérez Cuéllar, obligado a intervenir
El accidente y muerte de la joven Jocelyn llegó también a la alcaldía, y obligó que el presidente municipal, hablara de la urgente necesidad de operativos para vigilar a las unidades de transporte de personal, cuyos concesionarios y choferes se sienten tejidos a mano.
Lamentó la pérdida de la menor y habló de la capacitación de los choferes y conductores de camiones.
Como presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar está obligado a intervenir y a exigir al gobierno del Estado, políticas más eficaces para poner orden en el asunto del transporte público y el transporte especial que le brinda servicio a las maquiladoras.
La oficina de Desarrollo Social, a cargo de Hugo Vallejo tuvo que entrar al quite para ofrecer el apoyo a la familia de Jocelyn.
Quieren la presidencia de CANACO
Cuatro planillas y cuatro candidatos, los registrados que buscan la presidencia de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO).
Raymundo Domínguez, el primero en destaparse, fue también el primero en registrarse.
Junto con él, van a la contienda, Iván Pérez Ruiz, de quien señalan es el ‘candidato’ del presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar. Iván estará bajo la férula y asesoría de Rogelio González, expresidente de la Canaco.
Además, se registró Jorge Luis Mejía González -hijo del Coronel Héctor MejíaGutiérrez, excandidato del PAN a la alcaldía en 1989-, que recién hace cuatro meses llegó a la cámara de comercio, y que es más ‘popular’ ya, a raíz de su pelea con la presidenta de la cámara.
Y finalmente se apunta para buscar la reelección, Elizabeth Villalobos Luna.
Se habla de que la disputa por la presidencia de la Canaco-Juárez está muy dividida. Que no hay claro favorito. Bueno eso cuentan.
Eduardo Ramos Morán, ex presidente de Coparmex, ahora cumpliendo funciones como secretario general del organismo que aglutina a los comerciantes, anunció oficialmente el registro de los representantes de los candidatos que han cumplido con el pago de cuotas y que tienen derecho a participar en la elección.
En un registro ‘cuidadoso’, según lo dicho por Lalo Ramos, van como representantes de las planillas, Antonio Ruiz Caballeropor la planilla platino, Guillermo Soria Magaña por la planilla azul, Giovanni Estrada Urrutia por la morada e Iván Muñiz por la planilla blanca.
Los aspirantes a la presidencia de Canaco harán campaña de cuatro días, del 17 al 21 de marzo, antes de la celebración de la Asamblea Ordinaria de Canaco, que incluye la elección del presidente el día jueves 27 de marzo.
CEDH, entre Carrasco y Geo Bujanda
Muchos los ‘llamados’ y los aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero sólo uno él o la elegida, para presidir el organismo que dejó acéfalo el finado exalcalde de Juárez, el abogado Javier González Mocken, quien se hizo cargo de la CEDH en abril de 2024.
Los favoritos para llegar a la presidencia son un hombre y una mujer: Alejandro Carrasco Talavera y la exdiputada local del PAN, Georgina Bujanda.
Buen sabor de boca dejó entre los capitalinos y la clase política, el desempeño de Alejandro Carrasco que a finales de enero pasado presentó su primer informe como encargado del despacho de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) ante el pleno del Congreso del Estado, destacando un balance positivo en cuanto a la atención a la ciudadanía y la expansión de los servicios durante el año 2024.
Con datos duros y fehacientes, Carrasco habló entonces de la apertura de nuevas oficinas regionales como la de Guachochi, y la implementación de un programa itinerante en Camargo, cuyo objetivo, dijo, fue acercar los servicios de la CEDH a comunidades rurales y marginadas, especialmente aquellas de origen rarámuri.
En la numeralia, habló de la atención a más de 7,993 personas, de las cuales el 52.47% fueron mujeres, en el enfoque de las prioridades de la CEDH en la atención de género.
Dijo que se brindaron 4,285 asesorías legales y se realizaron 2,245 gestiones a través de vínculos con diferentes instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, lo que representó un aumento del 24.65% en comparación con el año anterior.
Se registraron también 829 expedientes de queja contra autoridades locales, lo que refleja un incremento del 7.5% respecto a 2023. De estos, 775 fueron iniciados a petición de parte, mientras que 54 fueron de oficio.
En cuanto a las autoridades federales, se recibieron 93 quejas, las cuales fueron enviadas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para su seguimiento.
Durante el año, la CEDH emitió 60 recomendaciones a 31 autoridades locales, incluyendo 9 a nivel estatal y 22 a nivel municipal. Además, se implementaron 35 medidas cautelares.
En fin, que Alejandro y Georgina se apuntan para llegar a la terna, de la enorme lista de suspirantes.
Por cierto, quien sabe si le alcance a la también exdiputada priista, Liz Aguilera, la hija del profesor Gonzalo Aguilera, ex director de COBACH, y que fue compañera de legislatura de la gobernadora Maru Campos para llegar a la final.
Es la responsable de los Derechos Universitarios en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). Tiene buen curriculum y trayectoria, pero habrá que ver si logra vencer los obstáculos en el camino.
