Por: Luis Carlos Carrasco Martell (Periodista y analista político)
Como era de esperarse —porque en política lo predecible también tiene su encanto—, el Gobierno de México decidió desestimar la petición del Departamento de Defensa de Estados Unidos para arrestar a varios personajes clave de la vida pública sinaloense. Entre ellos, el gobernador Rubén Rocha, el senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez, además de otros funcionarios y exfuncionarios.
El detalle que no pasa desapercibido —ni aquí ni del otro lado de la frontera— es que todos comparten algo más que cargos públicos: militan en Morena y están señalados por la Fiscalía del Sur de Nueva York por delitos que no precisamente caben en una falta administrativa menor. Narcotráfico, secuestro, tortura, asesinato y posesión de armas de fuego… una lista que, de confirmarse, no solo sacudiría la política local, sino la narrativa completa del poder en México.
La respuesta de la Fiscalía General de la República no se hizo esperar. Llegó puntual, casi quirúrgica: no hay elementos probatorios suficientes. Traducción política: no procede. Traducción diplomática: veremos después. Porque cuando se habla de acusaciones que implican penas mínimas de 40 años y máximas de cadena perpetua en Estados Unidos, el tiempo también se convierte en una estrategia.
El argumento es técnico, sí, pero también conveniente. La falta de pruebas —según la FGR— frena el proceso. Aunque, en estos casos, la línea entre la defensa del debido proceso y la administración del tiempo suele ser más delgada de lo que parece.
Mientras tanto, el tema ya cruzó fronteras y se instaló en la conversación internacional. Y ahí es donde la historia deja de ser exclusivamente jurídica para convertirse en un dilema político de alto voltaje. La presidenta de México se encuentra, literalmente, entre la espada y la pared: colaborar con Estados Unidos y asumir el costo interno de entregar a figuras de su propio movimiento, o cerrar filas y enfrentar las consecuencias externas de esa decisión.
Porque negarse a una solicitud de esta magnitud no es cualquier cosa. No se trata de un desacuerdo menor ni de una diferencia de interpretación legal. Es un mensaje. Y los mensajes, en la relación bilateral México–Estados Unidos, rara vez son inocentes.
Más aún cuando, del lado estadounidense, los cárteles mexicanos han sido colocados bajo la lupa de organizaciones terroristas en términos de política pública. Esa clasificación no es simbólica: abre la puerta a presiones más agresivas, a medidas menos diplomáticas y a escenarios que, hasta hace poco, parecían impensables.
Así, México defiende su soberanía —al menos en el discurso— mientras el ruido de las acusaciones crece. Y en medio de todo, queda una pregunta incómoda flotando en el aire: ¿se está protegiendo la legalidad… o simplemente a los propios?
Porque en este juego, lo que está en riesgo no es solo la relación con Estados Unidos, sino algo mucho más difícil de reconstruir: la credibilidad.
Marcachifles, memoria selectiva y otras virtudes políticas
En la política mexicana hay talentos que nunca pasan de moda: la descalificación fácil, la memoria selectiva y, por supuesto, la capacidad de reinventarse sin rubor alguno. Esta vez, el protagonista es el senador Javier Corral Jurado, quien decidió bautizar como “marcachifles” al periodista Ciro Gómez Leyva. Un gesto fino, elegante, digno del debate de altura que tanto presume la vida pública nacional.
Porque claro, los calificativos siempre dicen más de quien los pronuncia que de quien los recibe. Y en este caso, el eco resulta particularmente interesante: Corral, quien durante años criticó el estilo ríspido y confrontativo del poder, hoy parece haberle tomado gusto… solo que ahora desde Morena y, detalle no menor, con fuero incluido. Cómo cambian los tiempos —y las convicciones.
La confrontación, eso sí, no es nueva. Viene de tiempo atrás y tiene capítulos memorables, como aquel intento de arresto contra el propio senador por acusaciones de corrupción en Chihuahua, transmitido en vivo —para deleite de la audiencia— por el mismo Gómez Leyva. Una escena que terminó abruptamente gracias a la intervención de autoridades federales, en un giro digno de serie política: cuando la justicia toca la puerta, pero alguien desde adentro decide no abrir.
Desde entonces, el intercambio de cortesías ha sido constante. Corral lanza golpes desde la tribuna, protegido por ese escudo llamado fuero, mientras el periodista hace lo suyo desde el micrófono. Un duelo desigual, dirán algunos; un intercambio natural de la democracia, dirán otros; un espectáculo reciclado, pensarán muchos más.
Lo curioso es que, en medio de la descalificación, parece olvidarse un detalle incómodo: Ciro Gómez Leyva no suele hablar al aire por deporte. Su información —acertada o no— tiene la molesta costumbre de surgir desde lugares bastante cercanos al poder. Es decir, de ese mismo entorno donde hoy se mueve con soltura el senador.
Así que mientras vuelan los adjetivos y se ensaya el papel de víctima o de verdugo, según convenga, queda la sensación de que en la política mexicana no solo cambian los cargos… también los discursos, las formas y hasta los principios.
Y todo, por supuesto, sin perder el estilo. O lo que sea que hoy se entienda por eso.
La congruencia, esa invitada que nunca llegó
En el fascinante mundo de la política —donde la memoria es selectiva y la congruencia suele extraviarse más rápido que una promesa de campaña—, el espectáculo más reciente tiene como protagonistas a dos diputadas que han decidido convertir el recinto legislativo en algo muy parecido a un ring de lucha libre… pero sin máscaras, porque aquí todo es bastante evidente.
Quien decidió lanzarse directo a la yugular fue María Antonieta Pérez Reyes, que, sin rodeos ni anestesia, le recordó a su compañera Rosana Díaz que la congruencia no es un accesorio opcional que se usa solo cuando combina con el discurso. Según Pérez Reyes, resulta “lamentable” que, desde aquel ya lejano 16 de diciembre, la diputada Díaz no haya considerado siquiera la elegante opción de separarse de la bancada de Morena y, en cambio, haya optado por el clásico “aquí no pasa nada”.
Pero la cosa no se quedó en simples reproches de etiqueta política. No. Había archivo. Y cuando hay archivo, hay función completa. Pérez Reyes desempolvó el episodio de diciembre en el que Díaz decidió ausentarse en una votación clave, facilitando —según la narrativa— el endeudamiento del estado. Un pequeño detalle sin importancia, claro, como quien olvida las llaves… o el voto.
Y por si el guion necesitaba un giro más dramático, también salió a relucir aquel momento en que la diputada, en pleno contexto legislativo, prefirió dedicar más de 20 minutos al duelo público por su perrita. Porque si algo caracteriza a la política contemporánea es su capacidad de mezclar decisiones de alto impacto con escenas dignas de telenovela vespertina.
La crítica no terminó ahí. Pérez Reyes acusó a Díaz de haberse convertido en lo que antes —según dice— no era: una “violentadora pública” de sus propias compañeras, esas mismas que, durante cinco años, la habrían acompañado con respeto y apoyo. Un giro interesante en una historia donde, aparentemente, todos eran aliados… hasta que dejaron de serlo.
Y como todo buen cierre necesita una sentencia histórica, llegó la advertencia final: podrá irse a cualquier lado, sí, pero su paso quedará marcado —según Pérez Reyes— como el de una diputada que contribuyó al endeudamiento de los chihuahuenses. Nada como una etiqueta permanente para asegurar un lugar en la memoria colectiva… o al menos en la próxima campaña.
Así, entre reproches, recuerdos selectivos y acusaciones cruzadas, queda claro que en la política local la congruencia sigue siendo esa figura mítica de la que todos hablan, pero que rara vez se presenta a trabajar.
