Chihuahua.- El gobernador, Javier Corral afirmó que las investigaciones sobre los actos de corrupción cometidos durante la pasada administración, serán llevadas “hasta donde tope”, y agregó que “el equipo de fiscales que trabaja en las averiguaciones de la operación Justicia para Chihuahua, tiene la voluntad de llevar todo hasta sus últimas consecuencias, sin aceptar negociaciones o compromisos oprobiosos u ominosos”.
En conferencia de prensa virtual, al hablar sobre la detención de su antecesor en la gubernatura, César Horacio Duarte Jáquez, destacó que se tiene una plena colaboración interinstitucional con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Investigación Financiera (UIF), con las que trabajó a lo largo de todo el año pasado en integrar varias investigaciones de hechos, por lo que no existe una competencia por ver si la Federación o el Estado de Chihuahua se quedan con el caso.
Javier Corral dijo que el arsenal probatorio de cada carpeta de investigación y de cada orden de aprehensión, habla de un trabajo profesional, hondo, serio, fuerte, que puede decantar en un gran precedente en la historia de México, de combate efectivo a la corrupción.
“Si en otros estados se encapsularon las investigaciones, en Chihuahua ni ha sido así, ni va a ser así, tope donde tope y hasta las últimas consecuencias”, reiteró.
Detalló que las investigaciones que se llevan son sobre hechos, no sobre personas y a partir de ahí se van encontrando presuntos responsables, en contra de quienes se ha venido actuando, sin importar su militancia partidista.
Por eso, aclaró que aunque en las investigaciones de esta operación no hay indagatoria que vincule al expresidente Enrique Peña Nieto, es público el tema del desvío multimillonario de recursos públicos de Estado de Chihuahua, que se dirigieron a las campañas del PRI nacional, en un concierto previo con la Secretaría de Hacienda federal.
Se trató, dijo, de un modelo que se utilizó también en otras entidades y que decisiones como esas, no pudieron haber sido tomadas o resueltas en solitario por el entonces secretario de Hacienda.
El titular del Ejecutivo estatal manifestó que este caso fue el que motivó a Peña Nieto a buscar al final de su gestión, una especie de amparo disfrazado de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra las acciones que en su contra pudieran ejercer el Ministerio Público y el Poder Judicial del Estado.
El mandatario refirió que las indagatorias que lleva el ejecutivo estatal datan de 2016, que se engrosaron con nuevas carpetas de investigación en los años siguientes y ha tenido nuevos temas de 2020, en un proceso que se encuentra al margen de cualquier otra operación de carácter federal que se realiza en el país.
“Esta es una acción del ministerio público del Estado de Chihuahua, para hacerle justicia al pueblo de Chihuahua, al que se le arrebataron cuantiosos recursos públicos que debieron servir para educación, salud, educación, infraestructura, crecimiento económico, para generar oportunidades de empleo, de trabajo a los chihuahuenses”, expresó.
