Ciudad Juárez, Chih.- El Congreso del Estado por mayoría de votos exhortó al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública, realicen sus funciones conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación en lo relativo a la impresión y distribución de libros de texto, proveyendo materiales educativos idóneos a los estudiantes y docentes.
La diputada Marisela Terrazas Muñoz, en tribuna refirió que pese a la voz alzada por parte de los maestros, padres de familia y asociaciones civiles preocupados por la educación de los 24 millones de estudiantes mexicanos de nivel básico, estos no han sido atendidos ni escuchados por la Secretaría de Educación. Motivo por el cual se procedió con instrumentos jurídicos que pudieran frenar la gran violación a los derechos de la niñez mexicana.
Esto último, dijo la legisladora, solicitando un amparo para que se ordene el cese en la impresión de libros de texto gratuitos que no cuenten con el respaldo en planes y programas vigentes, así como para que se detenga la distribución del material ya impreso. Ya que de no ordenarse esta suspensión los efectos resultarían irreparables y sobre todo incalculables; esto al no contar con el sustento científico que avale su funcionamiento.
Mencionó que el Estado está obligado a garantizar que los materiales didácticos sean idóneos y contribuyan con la educación, servicio público de primer orden que de no ejecutarse como debe hacerse, pone en grave riesgo a la sociedad en su conjunto y de manera concreta violenta a los más pequeños en su etapa formativa, lo que imprime una huella negativa para el resto de su vida.
La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), exhortó al titular del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, a cumplir rigurosamente con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación en lo referente a los materiales educativos, para abordar la problemática en la impresión y distribución de libros de texto en el ámbito educativo.
La iniciativa resalta la preocupación por los cambios institucionales realizados por la Secretaría de Educación Pública, que han generado incertidumbre y posibles retrocesos en el sistema educativo. Específicamente, se destaca la falta de capacitación adecuada para los maestros, lo cual impacta negativamente en la calidad de la educación.
Indicó que uno de los aspectos alarmantes abordados en la propuesta es la contratación de empresas para la impresión de libros de texto sin que los planes y programas de estudio hayan sido aprobados y publicados previamente. Esta acción viola claramente lo establecido por la Ley General de Educación y pone en riesgo el derecho a una educación de calidad para los estudiantes.
En ese sentido, destacó que una jueza de distrito ha emitido una orden de suspensión definitiva de la impresión y distribución de libros que no cuenten con el respaldo en los planes vigentes. Esta medida judicial resalta la importancia de cumplir con los lineamientos legales y garantizar materiales educativos idóneos para los estudiantes y docentes.
La iniciativa busca salvaguardar el derecho a la educación de la niñez mexicana y promover una educación de calidad. Por lo que Terrazas Muñoz hace un llamado a todas las autoridades y actores involucrados en el ámbito educativo para que se actúe en apego a la ley, respetando los derechos fundamentales de los estudiantes y asegurando el acceso a materiales educativos apropiados.
