Washington, DC. – El presidente Joe Biden anunció que el Departamento de Seguridad Nacional tomará medidas para garantizar que los ciudadanos estadounidenses con cónyuges e hijos no ciudadanos puedan mantenerse unidos con sus familias.
Este nuevo proceso ayudará a ciertos cónyuges e hijos no ciudadanos a solicitar la residencia permanente legal —estatus al que ya tienen derecho— sin tener que salir del país.
Estas medidas promoverán la unidad familiar y fortalecerán nuestra economía, lo que supondrá un importante beneficio para el país y ayudará a los ciudadanos estadounidenses y a sus familiares no ciudadanos a permanecer juntos.
Para poder acogerse a dichas medidas, los no ciudadanos deben —antes del 17 de junio de 2024— haber residido en Estados Unidos durante 10 años o más y estar legalmente casados con un ciudadano estadounidense, a la vez que cumplan con todos los requisitos legales pertinentes. En promedio, las personas que reúnen los requisitos para este proceso han residido en EE.UU. durante 23 años.
Aquellos que sean aprobados tras la evaluación caso por caso de su solicitud por parte del DHS dispondrán de un periodo de tres años para solicitar la residencia permanente. Se les permitirá permanecer con sus familias en Estados Unidos y podrán optar a una autorización de trabajo de hasta tres años. Esto aplicará a todas las parejas casadas que sean elegibles.
Esta acción protegerá a aproximadamente medio millón de cónyuges de ciudadanos estadounidenses y a unos 50.000 niños no ciudadanos menores de 21 años con progenitores casados con ciudadanos estadounidenses.
Visas para graduados universitarios de EE.UU., incluidos los “Dreamers”
El presidente Obama y el entonces vicepresidente Biden establecieron el programa DACA para permitir que los jóvenes que fueron traídos aquí de niños salieran de las sombras y contribuyeran a nuestro país de manera significativa. Doce años después, los beneficiarios de DACA que empezaron como estudiantes de secundaria y universitarios están ahora construyendo carreras exitosas y estableciendo sus propias familias.
El anuncio de hoy permitirá que las personas, incluidos los beneficiarios de DACA y otros “Dreamers”, que hayan obtenido un título en una institución de educación superior estadounidense acreditada en Estados Unidos, y que hayan recibido una oferta de empleo de un empleador estadounidense en un campo relacionado con su título, reciban visas de trabajo de forma más rápida y segura.
Reconociendo que es de nuestro interés nacional garantizar que aquellas personas que se han educado en los EE.UU. puedan utilizar sus habilidades y educación para beneficiar a nuestro país, la Administración está tomando medidas para facilitar la tramitación de las visas de empleo para aquellos que se han graduado de la universidad y tienen una oferta de trabajo que exige candidatos altamente calificados, incluidos los beneficiarios de la DACA y otros “Dreamers”.
A través de una hoja informativa se indica que desde su primer día en el cargo, el presidente Biden ha hecho un llamado al Congreso para que asegure nuestra frontera y aborde nuestro fallido sistema de inmigración. Mientras los republicanos en el Congreso han seguido anteponiendo la política partidista a la seguridad nacional —votando dos veces en contra del conjunto de reformas más duras y justas en décadas— el presidente y su Administración han tomado medidas para asegurar la frontera, entre ellas:
La implementación de medidas ejecutivas para prohibir que los inmigrantes que cruzan nuestra frontera sur de forma ilegal reciban asilo cuando el número de interceptados sea elevado;
El despliegue en la frontera sur de un número récord de personal de las fuerzas del orden, de infraestructura y de tecnología;
La incautación de cantidades sin precedentes de fentanilo en nuestros puertos de entrada;
La revocación de las visas de los directores ejecutivos y funcionarios del gobierno fuera de EE.UU. que se benefician de los migrantes que llegan a EE.UU. ilegalmente; y
La ampliación de los esfuerzos para desmantelar las redes de contrabando de personas y el enjuiciamiento de aquellas personas que violan las leyes de inmigración.
