- El decreto se remitió a las legislaturas locales para sus efectos constitucionales
- Durante la jornada, legisladores de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC expresaron en tribuna sus puntos de vista en torno al dictamen
Ciudad de México. – El Pleno de la Cámara de Diputados avaló, en lo particular y en sus términos, con la mayoría calificada de 343 votos a favor, 129 en contra y cero abstenciones, el dictamen que reforma el artículo 107 y adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Carta Magna, en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución federal.
El presidente la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, declaró aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto y lo turnó a las legislaturas locales para sus efectos constitucionales.
En la discusión en lo particular, diputadas y diputados de Morena, PAN, PT, PRI y MC presentaron propuestas de modificación, mismas que fueron retiradas o no se admitieron a discusión y, por lo tanto, se dieron por desechadas.
Quedaron en términos del dictamen las reservas a los artículos 105 y 107, así como los artículos primero y segundo transitorios
Con lo aprobado, se determinó adicionar un quinto párrafo al artículo 105 que dice: “Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución”.
En tanto, la reforma al primer párrafo de la fracción II del artículo 107 constitucional, añade que “no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución”.
Por lo que queda: “las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de personas quejosas que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. No procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución”.
En los artículos transitorios se indica que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y establece que los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el presente decreto.
Posturas a favor y en contra
Con posturas a favor y en contra expuestas en tres rondas, diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC expresaron en tribuna sus puntos de vista en torno al dictamen que reforma el artículo 107 y adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Carta Magna, en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución federal.
El diputado Germán Martínez Cázares (PAN) resaltó que las reformas constitucionales comprometen a la República laica y federal, así como la soberanía de estados y municipios, pues se regresa “al centralismo Santanista” y al quitar los efectos de la controversia se suprime el poder a las entidades federativas de defenderse, y sus facultades tributarias.
Blanca Leticia Gutiérrez Garza, diputada del PAN, expuso que la reforma es un ataque al sistema de derechos humanos, representa una grave amenaza para el Estado de derecho de las y los mexicanos y busca blindar las decisiones del Congreso. “Se anula la esencia de la justicia constitucional, elimina el derecho de la población a defenderse y que el Congreso se convierta en un poder sin contrapesos. La división de poderes está en peligro”.
El diputado Francisco Javier Farias Bailón (MC) dijo que hoy se traiciona al pueblo de México, al impedir bajo cualquier circunstancia que los ciudadanos puedan impugnar las adiciones o reformas, pues se busca que las y los legisladores hagan de la Constitución su voluntad; eso significa que los cambios que haga el Congreso sean irreversibles incluso si son contrarios a derechos.
El diputado Julio César Moreno Rivera (Morena) aclaró que la reforma no suprime el juicio de amparo, las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, por lo que cualquier gobernado podrá ejercerlas cuando sienta que son vulnerados sus derechos humanos. Lo que se busca es evitar que los juzgadores se excedan en sus atribuciones al intervenir en las facultades exclusivas del constituyente.
Julieta Kristal Vences Valencia, diputada de Morena, afirmó que este cambio responde a las demandas y exigencias de las y los ciudadanos por una justicia ciega que beneficie a quienes no pudieron pagar un abogado defensor o llevaron un proceso que violentó sus derechos, porque el Poder Judicial estaba al servicio de unos cuantos. “La reforma va para defender la soberanía popular y la justicia”.
María Angélica Granados Trespalacios, diputada del PAN, expresó que la modificación es la más regresiva de las reformas a la Carta Magna, ya que se coloca por encima de los derechos humanos, al establecer que cualquier disposición constitucional no sea debatible, indiscutible, incontrovertible, irreversible y despoja de la memoria de la Constitución a la progresividad de los derechos de la ciudadanía.
El diputado Oscar Iván Brito Zapata (Morena) indicó que la reforma aclara lo que el marco legal ya establece: que el juicio de amparo no procede contra reformas o adiciones constitucionales, y que la Corte ha respaldado con sus criterios. Expresó que el verdadero fondo de esta discusión es la reforma al Poder Judicial, que no modifica derechos fundamentales, sino su estructura y métodos de integración.
Al fijar su postura, la diputada Nadia Navarro Acevedo (PRI) precisó que la reforma abre las puertas a una crisis constitucional, atenta contra los derechos humanos y podría sumir al país en una época de ilegalidad; se busca prohibir los juicios de amparo, las controversias y las acciones de inconstitucionalidad. “Con la Constitución no se juega ni mucho menos con el futuro de México. Se está poniendo en riesgo a la democracia”.
Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado del PAN, estimó que las adecuaciones dejan en indefensión a la ciudadanía, al acabar con la figura del amparo en materia de defensa de reformas constitucionales, afecta a las minorías parlamentarias, así como a los estados y municipios, pues ya no podrán presentar controversias constitucionales y contraviene la progresividad de los derechos humanos.
El diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez (PRI) recalcó que la reforma pone en riesgo los principios básicos de la democracia y afecta los mecanismos de control que sustentan el sistema democrático, como es la controversia constitucional, la acción de constitucionalidad y el juicio de amparo, así como la certeza jurídica y los derechos de las y los mexicanos. “Exigimos respeto a la democracia y digamos no a la dictadura”.
Por el PVEM, el diputado José Luis Fernández Martínez señaló que el Poder Legislativo tiene todo el derecho y la facultad de reformar la Constitución Política, y hoy se pondrá en el texto supremo lo que establece la Ley de Amparo “para que les quede claro a los ministros cuáles son sus límites y que no son legisladores”.
De Morena, el diputado Fernando Jorge Castro Trenti hizo notar que la reforma responde a una deuda histórica ante la corrupción que hay en el Poder Judicial. La reforma asegura que no haya nada ni nadie por encima de la Constitución. “Es un asunto de facultades legales y constitucionales que tiene el poder reformador para cambiar la ley fundamental y quienes están impedidos para resolver son los juzgadores”.
La diputada del PAN, Paulina Rubio Fernández, sostuvo que hoy se están quitando los candados que tiene la Constitución, a fin de que todas las arbitrariedades y locuras que se piensen se lleven a cabo, “Se termina con el freno que se le pone al todo poderoso para implementar la Ley de Herodes, cuando México está en una profunda crisis y estamos en un llamado Estado de anarquía”.
Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, diputada de Morena, explicó que la reforma sostiene los criterios que se han hecho valer por décadas en materia de revisión de reformas constitucionales; es decir, la Constitución no puede ser inconstitucional y esto no puede dar motivo a cambios por medio del Poder Judicial. “Que no extralimiten sus funciones, el Poder Legislativo legisla y el Poder Judicial imparte justicia, a partir de normas ya establecidas”.
