Por: Mario Héctor Silva (Periodista y analista político)
TORRE FUERTE
- Cumbre: Maru y García Harfuch
- Diputada ’celebra’ orden ejecutada
- Regresa el Festival del Tequila…
- Fortalecer la seguridad en el país
- ’Carlitos Güey’, acusado de fraude
Cumbre: Maru y García Harfuch
Circunstancias de la política y la seguridad, justo en el punto que más le conviene a la relación institucional, y casi ‘pacto de sangre’, entre los gobiernos que encabezan la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora María Eugenia Campos.
Un salvavidas para el gobierno de Chihuahua en medio del fuego cruzado de las organizaciones del crimen en las principales ciudades y en la zona serrana, y en medio también, de la reciente alerta lanzada por el gobierno del presidente Donald Trump;
Que puso otra vez de bruces al gobierno mexicano en relación con las organizaciones delictivas del narcotráfico, que, de aquel lado, en la narrativa ‘oficial’ del gobierno norteamericano, ya son consideradas “organizaciones terroristas”.
En ese contexto de la situación política y social, y la arremetida del crimen especialmente en Juárez, el ’blindaje’ del gobierno estatal de Chihuahua en la ‘cumbre’ de seguridad con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch.
El gabinete de seguridad de Chihuahua, a cargo del Fiscal General del Estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno y del titular de Seguridad Pública, el ‘Capitán Centinela’, Gilberto Loya, acompañando en la capital del país a la gobernadora Maru Campos, señal inequívoca de la confianza que, en medio de la crisis de seguridad, mantiene la presidenta Claudia Sheinbaum a la gobernadora.
Una reunión donde seguramente, como decimos por acá, se habló al ‘chile’ sobre lo que está sucediendo en la entidad, urgido de recursos y estrategias con el apoyo del gobierno federal para inhibir en lo posible los embates de las organizaciones y bandas del crimen organizado, especialmente en Ciudad Juárez y en la Capital, que han sido el ‘blanco’ de los cárteles de la droga.
Bajo la ‘gracia’ del gobierno federal, la instrucción de la presidenta Sheinbaum es que se desarrolle una estrategia de coordinación efectiva y que se implemente una fuerza de tarea que frene y combata los avances del crimen. Y con ello, la detención de los responsables y principales generadores de violencia.
Acordaron compartir información de manera rápida, realizar operativos coordinados y aplicar estrategias en las zonas de alto riesgo y con mayor número de delitos.
García Harfuch refrendó el compromiso del Gobierno federal de sumar recursos humanos, tecnología y capacidades operativas para respaldar las labores de las corporaciones locales en el combate a la violencia.
En la ‘cumbre’ de seguridad en la capital César Jáuregui, y Gilberto Loya, juraron compromiso y lealtad al policía de Sheinbaum para realizar la chamba que pueda devolverle la paz y tranquilidad a todos los chihuahuenses.
La creación de una fuerza de tarea conjunta que operará en las zonas más golpeadas por la delincuencia.
Habrá que esperar que sucede por los nuevos derroteros y la coordinación de acciones de los gobiernos y policías municipales, que tendrán que replegarse y esperar instrucciones y decisiones de quienes mandan en Chihuahua.
Se lo digo acá en corto, se trató de un pacto renovado de la relación institucional entre los gobiernos, casi un ‘pacto de sangre’ entre Claudia Sheinbaum y Maru Campos que se replica en la figura de quienes dirigen las tareas de seguridad en el gobierno federal y en el gobierno de Chihuahua.
Un espaldarazo y el voto pleno de confianza al gobierno de María Eugenia Campos.
Esa es la lectura política en medio de las circunstancias y el fuego de las organizaciones criminales.
La presencia del alcalde del gobierno de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar no era necesaria. Es un hombre disciplinado e institucional, y lo sabe Maru.
Diputada ’celebra’ orden ejecutada
La diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, María Antonieta Pérez Reyes, ‘celebró’ la orden de aprehensión girada, que vincula finalmente a proceso penal a la pareja sentimental del padre biológico de la niña, señalada como agresora sexual en contra de una niña de seis años de edad.
La niña ‘azul’, por ser una infante autista, en medio de un proceso muy complicado, y en el que se había negado la orden de aprehensión en dos ocasiones por parte de la juez.
Después de un tortuoso proceso y muchos días, semanas y meses sin dormir y de sufrimiento por parte de la madre de la menor que interpuso la denuncia el pasado 20 de junio, y la negativa una y otra vez, de la jueza Brisa Yuridia Meraz Mendoza, finalmente se pudo proceder en el caso del expediente 3532, contra Cynthia Yolanda Vargas Vázquez por el delito de violación agravada.
Seguirá su proceso en prisión hasta por 12 meses, mientras se desahogan todas las investigaciones.
“Esto es para nosotros un logro muy importante porque hubo momentos en que sentimos que el caso ya estaba perdido, y fue gracias a la actuación de la Fiscal Wendy Paola Chávez, y el agente del ministerio público y asesores que participaron en el caso, como se logró vincular el caso de una de las dos personas que la niña identificó como su agresora sexual”.
La legisladora que ha seguido de cerca ese y muchos otros casos de abusos sexuales en contra de infantes, habló de la urgencia de capacitación obligatoria para todo el Poder Judicial y las Fiscalías, a fin de que puedan establecer condiciones y entendimiento, entre Jueces y Ministerios Públicos para comprender términos y lenguaje de los menores en casos de los testimonios.
Pérez Reyes habló justo de la iniciativa que ha presentado en el Congreso a fin de que esos cursos de capacitación puedan ser una realidad a partir del primer mes de enero de 2026.
La abogada defensora Sandra Díaz, que acompañó a la legisladora se pronunció por el cumplimiento de los protocolos, para que en casos como el ocurrido se haga justicia a los afectados.
La diputada y la abogada coincidieron en que se necesita que estas “personitas (infantes) sean tratados con las características adecuadas por sus limitaciones, por parte de la Fiscalía y del Poder Judicial”, y que se les permita expresarse como niños y no como adultos en los señalamientos hacia sus agresores.
POSDATA: La diputada María Antonieta Pérez Reyes informó que en este tipo de procesos de agresión y abuso sexual en contra de menores (niñas, niños y adolescentes) falta la perspectiva de infancia, pues no hay conocimiento de las condiciones en que deben llevarse las indagatorias y no se ponen en práctica las medidas para la investigación en los casos donde se involucra a niños y adolescentes, especialmente cuando se trata de un menor con alguna discapacidad.
Regresa el Festival del Tequila…
La Cámara Nacional de Comercio echó finalmente de ‘casa’ todos los ‘demonios’ que paralizaron hace un año las actividades del tradicional Festival del Tequila, y anunció el regreso de la XXV edición de la fiesta de Tequila y Mariachi.
Se busca ofrecer una experiencia cien por ciento familiar, con juegos infantiles, bazar y espectáculos musicales.
La organización del evento será ‘apadrinado’ por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, cuyo gobierno dará su respaldo para la participación de más de 60 casas tequileras, 10 casas de mezcal y 15 expositores de sotol.
El alcalde agradecido con su amigo y ex colaborador del gobierno, Iván Pérez Ruiz, ahora presidente de la Cámara Nacional de Comercio, así como la colaboración de autoridades y representantes del sector turístico y económico.
Destacó también que el festival ya es una tradición en la ciudad y anunció que se explorará la implementación de corredores seguros durante los días del evento, conectando puntos como los puentes internacionales y diferentes zonas hacia la Plaza de la Mexicanidad, sede del festival, para dar mayor confianza a visitantes y residentes.
Pérez Cuéllar subrayó la importancia de impulsar el sotol, bebida con denominación de origen en Chihuahua y Durango, como parte de la identidad cultural y económica de la región.
“Queremos que la gente se anime, participe y disfrute, pues este será un gran festival”.
Fortalecer la seguridad en el país
‘Planchada’ en el papel la estrategia conjunta de los gobiernos federal y estatal, luego de la ‘cumbre’ de seguridad en la capital del país, donde hicieron presencia la gobernadora panista Maru Campos y su gabinete de seguridad con Omar García Harfuch, los diputados priístas, aliados con el gobierno de Chihuahua, se pronunciaron por una estrategia de seguridad que se fortalezca a diario y que se evite la politización.
En ese contexto la declaración de Arturo Medina, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI que llamó a las autoridades de todos los niveles a fortalecer acciones de seguridad en el país, especial en las entidades sobre las cuales el gobierno de los Estados Unidos ha emitido una alerta para evitar que sus ciudadanos viajen a México.
El legislador reconoció que en Chihuahua existe una coordinación entre Federación y Estado, pero que, dadas las cifras dadas a conocer por los homicidios dolosos en la entidad y la alerta del gobierno norteamericano, los esfuerzos deben redoblarse para impulsar una baja significativa en la violencia y entre los generadores del crimen.
Pidió, sin embargo, no minimizar la situación de inseguridad que se vive en las distintas regiones del país.
“…Chihuahua es mucho más que este momento, es trabajo, es inversión, es riqueza cultural, es potencial turístico y ningún nivel de gobierno puede perder de vista lo que está en juego, principalmente la tranquilidad de las familias”, dijo el diputado priísta.
’Carlitos Güey’, acusado de fraude
Datos ventilados este viernes por el rotativo de Osvaldo Rodríguez Borunda.
“Al menos siete carpetas de investigación, de las que cinco ya están judicializadas, son las que se siguen en contra de Felipe de Jesús V. G., empresario juarense dueño de la licorería Carlitos Güey acusado de fraude simple y agravado por un total de 11 millones 736 mil 503 pesos y 37 mil dólares (cerca de 700 mil pesos), que ayer fue imputado formalmente de un caso por cuatro millones”.
El empresario fue detenido el pasado 13 de agosto, luego de 32 días de librada la orden de aprehensión en su contra, y presentado ayer ante el juez de Garantía Luis Javier Ortiz Beltrán, en una audiencia que tomó más de 30 minutos en iniciar debido a que comparecieron al menos tres grupos de abogados que habían sido contactados por V. G. para representarlo.
Bajo la causa penal 1918/2025, V. G. fue acusado de fraude presuntamente cometido contra el empresario y exfuncionario público Daniel Simón P. M. por cuatro millones de pesos, ante el juez de Control Luis Javier Ortiz Beltrán.
