Por: Mario Héctor Silva (Periodista y analista político)
TORRE FUERTE
- ’Complicidad’ o deslinde oficial
- Huachicol, las sospechas fundadas
- Nuevo trato fiscal, “ahora o nunca”
- Narcohomicidios, historia de siempre
‘Complicidad’ o deslinde oficial
Ahora que ha llegado a tierras mexicanas Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del Cártel de la Barredora y ex jefe de seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, la opinión pública se centra en la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Ella, la primera mujer que gobierna el país, deberá decidir entre la complicidad con los presuntos delincuentes aliados a prominentes figuras del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), o desnudar la corrupción y las alianzas del grupo de poder que se presume llegan hasta el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
De ese tamaño la encrucijada que pone por ahora a la presidenta Sheinbaum en serio predicamento, no solamente por el caso de Bermúdez Requena, ex colaborador del senador y exgobernador de Tabasco, sino por el complejísimo y devastador asunto del llamado huachicol fiscal que ha embarrado a gente también muy cercana a la figura de Andrés Manuel.
En ese contexto, además la presión del gobierno de los Estados Unidos tras la reciente visita de Marco Rubio, jefe del Departamento de Estado, que tiene los ojos y oídos puestos en todos los movimientos en torno al epicentro del poder.
Es la presidenta Sheinbaum ahora la responsable de la seguridad personal de Hernán Bermúdez, que vale ‘oro molido’, por lo que puede declarar oficialmente ante las instancias del nuevo Poder Judicial.
Especialmente, en lo que todo mundosupone que Hernán debe hablar en torno a la relación personal con el senador Adán Augusto y el también exgobernador interino, Carlos Merino Campos, hoy miembro del gobierno de Sheinbaum y responsable de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA);
Además de otros insignes personajes del morenismo nacional, donde aparecen además de los hijos del expresidente, Luisa María Alcalde Luján, quien fue la titular de la Secretaría de Gobernación a la salida de Adán Augusto en su aspiración por convertirse en presidente de la República. Y la lista es larga…
Durante la víspera, el gobierno paraguayo optó por ejecutar una medida migratoria soberana y expulsar a Hernán Bermúdezde inmediato a México, acelerando su entrega a las autoridades mexicanas.
El operativo estuvo coordinado por elementos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la FGR y el Instituto Nacional de Migración (INM).
El ex funcionario tabasqueño tenía orden de aprehensión en México, desde febrero de 2025, y una ficha roja de Interpol desde julio, lo que permitió activar la cooperación internacional.
Bermúdez fue ingresado al Penal del Altiplano para responder por delincuencia organizado ante el Juez Mario Elizondo Martínez, con sede del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, quien giró anoche una orden de aprehensión contra Bermúdez, con base en la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITATA-JAL/0000224/2025.
Se le acusa oficialmente de presuntos vínculos con el grupo criminal “La Barredora” y de delitos como extorsión y secuestro. Además, Bermúdez tiene un proceso pendiente en esa entidad por asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión.
Ahora todo lo relacionado al ex jefe de seguridad de Tabasco con el senador Adán Augusto y con Carlos Merino, está en las manos de la presidenta Sheinbaum.
Ella, suceda lo que suceda, seguirá haciendo historia y deberá elegir entre la ‘complicidad’ o el ‘deslinde oficial’.
POSDATA: En el reconocimiento que hizo ayer el Congreso del Estado de Chihuahua a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum por sus acciones para castigar la evasión fiscal en la importación de combustibles, la moción presentada por el diputado y líder del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez, mediante el cual se exhorta a la presidencia del Senado, a que el senador Adán Augusto López Hernández pida licencia y sin fuero, acuda a declarar a la Fiscalía General de la República, por sus vínculos con el exjefe de seguridad pública estatal y en la red de huachicol fiscal.
Huachicol, las sospechas fundadas
Ahora que el tema del huachicol fiscal es asociado a la participación activa de los mandos militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Marina (SEMAR), con la presunta protección del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la vasta red de complicidades y de corrupción llega también a Chihuahua.
El espinoso asunto del huachicol, que en el papel exhibe a empresarios gasolineros del estado de Chihuahua, especialmente de Juárez, que importaban el negro o el gris, con el trasiego diario de autotanques y pipas que transportaban miles de litros por los cruces internacionales y que les generaron ganancias exorbitantes de miles de millones de pesos, apunta en retrospectiva también a los viejos mandos de la Aduana.
Desde los tiempos en que Horacio Duarte, el operador político ‘estrella’ del expresidente López Obrador se hizo cargo de las Aduanas a nivel nacional, con la promesa, afirman algunos de que lo haría candidato al gobierno del estado de México, lo que no sucedió.
Pero lo que sí ocurrió entonces en Chihuahua, fue una dispendiosa campaña política que a partir del ‘destape’ en 2018, abrigó al entonces candidato a gobernador y hoy senador de la República, Juan Carlos Loera, a quien se señaló como beneficiario de cuantiosos recursos que se generaban lícita o ilícitamente de la Aduana de Ciudad Juárez.
Todos saben en Chihuahua, el ‘mar’ de recursos que se generaron para el soporte de una campaña política con cientos de carteleras por todo el estado de Chihuahua, las tareas de difusión y hasta la promoción de un libro que cuenta las experiencias vividas, y la imagen de un candidato que exprofeso, surgido de la Delegación del Bienestar Social, se construyó para competir en la elección constitucional de 2021.
Lo sabe la exdiputada federal, Ariadna Montiel Reyes, hoy jefa del Bienestar a nivel nacional, entonces también la responsable política del caso Chihuahua, y lo sabe también a detalle, la ex administradora de la Aduana, la maestra Norma Deirdré Bazán Mayagoitia, misma que fue incorporada a la coordinación de la campaña del entonces aspirante a la gubernatura.
Ni lo más mínimos detalles cuidaron los ‘asesores’ del entonces candidato de Morena cuando incorporaron a Norma Deirdré, por cierto, señalada ella y su esposo, policía federal, en cuestionados manejos de la Aduana, porque todo mundo creyó que Juan Carlos ganaría la elección y gobernaría el estado de Chihuahua.
Claro que la red de presuntas complicidades asusta a cualquiera.
El senador, que hoy aspira y suspira por un cargo público en Chihuahua sigue manteniendo cerca y en la nómina a la académica y extitular de la Aduana, que ahora ocupa el cargo como secretaria técnica del legislador juarense. Claro, siempre se dijo que Norma Deirdré era inocente.
Interesante esa madeja de presuntas complicidades a la sombra del poder presidencial.
Horacio Duarte Olivares en Aduanas, Adán Augusto López Hernández en Gobernación, Rafael Ojeda Durán, en la Secretaría de la Marina, Ariadna Montiel Reyes en Bienestar Social y Mario Delgado entonces presidente del partido (Morena), todos ellos muy allegados a López Obrador, en el ‘combo’ perfecto del entramado que fue construido a partir de que los combustibles empezaron a ser importados por las aduanas terrestres y por los principales puertos marítimos.
Los hijos de Andres Manuel, también metidos en el ‘ajo’.
Los aceites lubricantes, utilizados como disfraz y medio de evasión de impuestos, como refiere un reciente reporte de Guacamaya Leaks, clave en el paraíso del huachicol fiscal.
Ciudad Juárez aparece entre las diez aduanas más importantes del IEPS por hidrocarburos.
Las importaciones se multiplicaban y el control de las Aduanas fue cedido a los mandos militares por instrucciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Hay razones pues para creer que el huachicol fiscal, en medio de todo lo que sucede en el país, genera sospechas fundadas.
Nuevo trato fiscal, “ahora o nunca”
Francisco Sánchez Villegas, diputado de Movimiento Ciudadano (MC) nuevamente a la ‘cargada’ en contra del gobierno federal, exigiendo un nuevo trato fiscal justo para Chihuahua.
Fustigó las “migajas” para Chihuahua y exigió que a esta entidad sean enviados los recursos que por derecho le corresponden.
El diputado y líder estatal del partido naranja en la entidad, anunció el inicio de una consulta pública con el apoyo del Instituto Estatal Electoral (IEE) para revisar el pacto fiscal por el cual se le asignan los recursos al estado de Chihuahua.
La consulta arrancó hace dos días y tendrá vigencia hasta el próximo 7 de octubre, y todos los chihuahuenses podrán expresar su opinión respecto a los recursos que recibe Chihuahua de la federación.
La votación será efectuada tanto a través de la página web del IEE como en centros de recepción de votos en todo el estado.
Podrán participar todos los ciudadanos mayores de edad, así como menores entre los 6 y 17 años.
“Son las familias de Chihuahua quienes deben decidir si seguimos aceptando migajas, o si exigimos, con firmeza un nuevo pacto de justicia y dignidad para nuestra tierra”, dijo el diputado emecista.
En juego va la distribución equitativa del presupuesto y la inversión en infraestructura.
Narcohomicidios, historia de siempre
Narcohomicidios, es la historia de siempre, destinada a ‘condenar’ a Ciudad Juárez, pero es una estela de crimen y violencia que jamás se justifica.
Claro, que siete homicidios y tres lesionados en tres eventos recientes en pocas horas, debe preocupar a las autoridades civiles y militares.
La reunión de los integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Ciudad Juárez, convocados por el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllaren el Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata (CERI), debe arrojar resultados inmediatos.
También un mensaje que deben llevar más arriba, el recientemente nombrado representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Alejandro Loaeza Canizales, así como el Teniente Coronel Ramírez del 9º Regimiento de Caballería Motorizado, presentes en la reunión para replantear lo que ocurre en Ciudad Juárez.
Algunos resultados sobre decomisos de armas y drogas no bastan, ni tampoco son suficientes, porque se requiere ‘operar’ y poder llegar al interior de los grupos de la delincuencia para poner orden y reducir los crímenes que directa o indirectamente están ligados a las actividades del narcotráfico y a la disputa de los territorios.
En otras partes de Chihuahua y la capital tampoco hay excepciones, la delincuencia se empodera y empina al gobierno.
Los resultados son urgentes.
