Chihuahua, Chih. – La 68 Legislatura del Congreso de Chihuahua exhortó al secretario de Educación y Deporte del Gobierno del Estado, a fin de que se realicen las acciones necesarias para elevar el actual Departamento de Educación Indígena, Migrante y Menonita al rango de Dirección de Educación Indígena Intercultural, Migrante y Menonita, dentro de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua.
La iniciativa, presentada por la diputada Edith Palma Ontiveros, busca dar atención a las disposiciones constitucionales y legales, mediante las cuales se establece la obligación del gobierno de garantizar el derecho a la educación intercultural y plurilingüe de los pueblos y comunidades indígenas del Estado, a través de las instituciones que ellos mismos diseñen. Y que de esa manera, con respeto y protección de esos criterios, la educación indígena sea considerada prioritaria en el Plan Estatal de Desarrollo.
El fortalecimiento de esta estructura permitirá mejorar la atención institucional, asegurar una adecuada planeación y asignación de recursos, y reconocer a la educación indígena como un ámbito prioritario dentro del Plan Estatal de Desarrollo, añadió la Legisladora.
Dicha petición surge dado a que las últimas reformas a la Ley General de Educación, así como la reforma al artículo segundo constitucional, en relación al derecho a la educación consagrado en el artículo tercero, fortalecen nuestras posibilidades de plantearles a los gobiernos locales, proyectos a través de los cuales se cumplan con las indicaciones que tanto la Constitución como la ley de la materia les señala, toda vez que les resulta obligatorio que la educación indígena, intercultural y plurilingüe sea considerada prioritaria en los planes de desarrollo, señaló la legisladora.
Recordó que, pese a diversos esfuerzos históricos—como la creación del Instituto Nacional Indigenista en 1963 y la descentralización educativa de 1993—la inversión destinada a la educación en zonas marginadas ha sido insuficiente. Expertos señalan que, aunque se prometió modernización y vinculación con el sistema productivo, las comunidades indígenas han enfrentado una atención limitada por parte de las instituciones educativas.
Palma Ontiveros subrayó que la reforma constitucional de 2024 establece la responsabilidad de todos los órdenes de gobierno de garantizar a los pueblos indígenas, afro mexicanos, migrantes y jornaleros agrícolas una educación inclusiva, humanista, equitativa, pertinente y libre de discriminación. Por ello, planteó que a partir de 2026 la educación indígena en Chihuahua cuente con una estructura administrativa con verdadera capacidad de decisión.
De acuerdo con datos de SEECH para el ciclo 2024-2025, la matrícula indígena en Chihuahua asciende a 24,354 niñas y niños de la Sierra Tarahumara y de zonas urbanas. La atención educativa recae en un Departamento que coordina: 10 jefaturas de sector, 44 supervisiones, 5 Centros de Integración Social, 115 albergues escolares, 28 centros de educación inicial, 175 preescolares y 341 primarias. En estos espacios laboran 33 docentes de educación inicial, 226 de preescolar, 929 de primaria y cerca de 160 trabajadores de apoyo.
“Como maestra indígena bilingüe y orgullosamente rarámuri, me he formado en instituciones públicas y sé de primera mano que los retos de la educación indígena requieren sensibilidad y decisión. Es momento de que el Gobierno del Estado impulse un cambio real en sus políticas educativas”, afirmó la diputada.
Finalmente, recordó que el Gobierno Federal ha colocado la educación intercultural y plurilingüe como prioridad, además de declarar 2025 como el Año de la Mujer Indígena. Por ello, hizo un llamado a las autoridades educativas estatales para que la Dirección de Educación Indígena sea una realidad lo antes posible y se reconozca esta área como prioritaria dentro del Plan Estatal de Desarrollo, garantizando así el acceso pleno al desarrollo integral de las comunidades indígenas.
