Un tribunal federal de Estados Unidos ordenó a Nicolás Maduro y a altos mandos de su régimen pagar una indemnización superior a los 312 millones de dólares a tres ciudadanos estadounidenses —Edgar José Marval, Jerrel Kenemore y Jason Saad— que fueron secuestrados y sometidos a torturas sistemáticas por la inteligencia militar venezolana (DGCIM) con el fin de utilizarlos como fichas de negociación.
Pese a la magnitud del fallo dictado en rebeldía por el juez Darryn P. Gayles, la administración de Donald Trump solicitó formalmente otorgar inmunidad diplomática a Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela, para frenar cualquier litigio en su contra mientras ejerza el cargo. Washington argumentó “razones de política exterior” vinculadas al acuerdo de cooperación establecido tras la detención de Maduro.
Las claves del expediente judicial exponen los abusos sufridos por los demandantes y el trasfondo geopolítico del caso:
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Patrón de abuso extremo: Las víctimas relataron privación prolongada de alimentos y luz, aislamiento, golpes severos y descargas eléctricas. Marval sufrió fracturas en la columna y agresiones enfocadas en sus genitales antes de ser liberado en 2023 durante un canje por el empresario Alex Saab.
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Toma de rehenes de Estado: El testimonio de Marval sirvió como insumo central para que la ONU fundamentara un informe sobre el uso sistemático de detenciones arbitrarias a extranjeros como método de extorsión política y financiera por parte del régimen venezolano.
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Blindaje estratégico a Caracas: La solicitud de inmunidad paraliza temporalmente las demandas contra Rodríguez, asegurando la estabilidad del esquema de gobernanza tutelada mediante el cual Washington supervisa la gestión de los recursos petroleros venezolanos.
Por su parte, voceros del régimen saliente negaron los señalamientos al calificar los testimonios como infundados. Se conoce que Marval se encuentra bajo resguardo en un programa de protección de víctimas del FBI colaborando en investigaciones de lavado de dinero.
