- Auditores de campo, los que descubrieron la sustracción ilícita de medicamentos oncológicos por parte de quien fuera coordinador estatal de almacenes y farmacias del ICHISAL en la anterior administración: ASE
Chihuahua, Chih. – Con base en el escrutinio de personal de campo de la Auditoria Superior del Estado (ASE) al Instituto Chihuahuense de la Salud, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua concretó la judicialización de un caso, por el delito de Peculado Agravado, que lastima profundamente a la sociedad: El uso indebido de medicamentos oncológicos, insumos que no representan solo un alto costo económico, sino una oportunidad de vida para pacientes con cáncer fundamentalmente en la niñez.
Se trata de una denuncia presentada por la ASE de hechos ocurridos el 10 de septiembre de 2021 al interior del Instituto Chihuahuense de la Salud, donde, presuntamente, medicamentos esenciales como Pegfilgrastim y Trastuzumab, destinados a fortalecer las defensas de quienes enfrentan quimioterapias y a combatir formas agresivas de cáncer, fueron desviados de su propósito legítimo debido a la conducta desviada del imputado de siglas A.V.CH.
Para llevar este asunto ante el juez de la causa, la noche de este lunes 06 de abril del presente año, se cumplimentó la orden de aprehensión que fue otorgada por la autoridad judicial competente, misma que fue ejecutada con estricto apego a derecho y con pleno respeto a los derechos humanos y al debido proceso.
De acuerdo con las investigaciones, el imputado, identificado como A. V. Ch., quien se desempeñaba como Coordinador Estatal de Almacenes y Farmacias del Instituto Chihuahuense de Salud, habría dispuesto de manera indebida de medicamentos oncológicos de alto costo, específicamente Pegfilgrastim y Trastuzumab, cuyo valor individual asciende a $107,870.14 pesos. Asimismo, se determinó que en contubernio con otros servidores públicos de la Institución de Salud, elaboraban recetas médicas sin que el paciente las necesitara, obteniendo con ello, un beneficio económico de forma indebida.
Estos medicamentos contra el cáncer no son ordinarios. El Pegfilgrastim permite que pacientes sometidos a quimioterapia puedan recuperar sus defensas y evitar infecciones que pueden poner en riesgo su vida. El Trastuzumab, por su parte, es un tratamiento especializado que combate células cancerosas agresivas y puede significar una oportunidad real de supervivencia para quienes enfrentan esta enfermedad sobre todo en la niñez.
En la carpeta de investigación de la FACH establece que parte de la conducta desviada del hoy imputado, se materializó mediante la prescripción y suministro de estos fármacos sin justificación médica válida, con indicaciones inadecuadas y fuera de los tiempos establecidos para su legal canje. La receta médica, fechada el 01 de septiembre de 2021, contenía tratamientos que no corresponden a un diagnóstico clínico acreditado.
Al respecto el Fiscal Anticorrupción del Estado, Abelardo Valenzuela Holguín, refirió “Cada medicina robada de estos tratamientos contra el Cáncer, significa quitarle la esperanza de vida a un ser humano, a una familia que confía en las instituciones de gobierno, su uso indebido no solo vulnera la ley, sino que duele, indigna y confronta a toda la sociedad ante la posibilidad de que se le haya fallado a quienes más lo necesitaban, y todo debido a la mente torcida de un funcionario indolente”.
Este caso no solo representa una posible conducta delictiva, sino un hecho profundamente doloroso para la sociedad. Cada dosis de estos medicamentos está destinada a personas que luchan por su vida, a pacientes y familias que enfrentan el cáncer con esperanza y dignidad. Disponer de ellos de manera indebida implica no solo una falta a la ley, sino una afectación directa a quienes más los necesitan.
La ASE detectó la sustracción
El Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, informó que fueron los auditores de campo quienes descubrieron que el entonces coordinador estatal de almacenes y farmacias del ICHISAL, había sustraído medicamentos oncológicos destinados a pacientes con cáncer, los cuales le habían sido prescritos de manera irregular, además se logró también la sanción por la vía administrativa en octubre del año recién pasado.
Fue en el 2021 cuando, al revisar la cuenta pública de esta institución de salud, se descubrieron recetas para obtener medicamentos para tratar cáncer de mama por un valor de $107,870.14. Medicamentos oncológicos que, de acuerdo con el historial médico del servidor público, no tenían ningún sentido.
Esta persona de iniciales A.V.CH., no tenía historial oncológico, y aun así se hizo de estos medicamentos sumamente indispensables para pacientes con cáncer, en dosis extremadamente altas.
Los auditores corroboraron las sospechas al entrevistar al Director del Centro Estatal de Cancerología de Servicios de Salud de Chihuahua. El especialista confirmó que estos medicamentos además de ser principalmente para pacientes del sexo femenino se usan de entre una a cada tres semanas, sin razón para haberse recetado y entregado dosis para aplicación diaria.
Acosta Félix explicó que las evidencias en el expediente médico del hoy detenido no mostraban ninguna condición que justificara el uso de dichos medicamentos tan especializados e indispensables para pacientes que reciben quimioterapia muy agresiva. El uso más frecuente es para combatir el cáncer de mama y el cáncer infantil, lo cual resulta indignante que se pretenda lucrar afectando a este sector de la sociedad.
Este es un claro ejemplo de que la corrupción puede llegar a afectar a los más vulnerables, comentó el Auditor Superior. “Es necesario evitar que se vuelvan a sustraer medicamentos tan delicados e indispensables para pacientes que en verdad los necesitan”, agregó.
Como resultado de estas indagatorias, la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua presentó en marzo de 2023 una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua por considerar que se pudiera estar frente a la comisión de algún delito; situación que el ministerio público logró demostrar y concretó la judicialización del caso, por el delito de Peculado Agravado, ejecutando la orden de aprehensión el lunes pasado.
Por otro lado, también se consideró que existían elementos para encuadrar la comisión de una falta administrativa grave al haberse desviado recursos públicos, motivo por el cual la ASE acudió al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa a denunciar este hecho y fue la Quinta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del TEJA la que determinó la sanción para el ahora responsable, obligándolo a la suspensión por 90 días de su empleo, cargo o comisión, así como al pago de la indemnización por 107 mil pesos.
Por último, el Auditor Superior indicó que confía en que las instancias ministeriales y jurisdiccionales llevarán el asunto con estricto apego a derecho y celebra que existan consecuencias para quienes infringen la ley.
