El Consejo para el Desarrollo Económico Regional (CODER) de Parral manifestó un rotundo rechazo a la propuesta de eliminar las Salas civil y Familiar en la ciudad.
El presidente del organismo, Juan de Dios Loya, advirtió que esta medida representaría un severo golpe al acceso a la justicia y castigaría la economía de miles de habitantes de la región sur de Chihuahua.
Costos elevados y viajes forzados a la capital
La principal preocupación del sector empresarial y social radica en las complicaciones logísticas que provocaría esta decisión. De desaparecer estos órganos jurisdiccionales, los ciudadanos, abogados y usuarios del sistema judicial se verían obligados a trasladarse hasta la ciudad de Chihuahua para atender cualquier procedimiento de segunda instancia.
Este cambio se traduciría directamente en:
-
- Mayores costos económicos en transporte, viáticos y honorarios.
- Pérdida de tiempo considerable por las horas de viaje.
- Trabas burocráticas que desalentarían a las personas a continuar con sus procesos legales.
Un impacto que frena a todo el sur del estado
Loya puntualizó que el daño no se limitaría a Parral. Esta ciudad funciona como un nodo judicial estratégico para múltiples municipios serranos y de la región sur, tales como Guadalupe y Calvo, Guachochi, Jiménez y Camargo.
Retirar las salas significaría un grave retroceso histórico. Su instalación original fue el resultado de años de gestión por parte de colegios de abogados y organizaciones civiles con el único propósito de descentralizar y acercar la justicia a las comunidades más alejadas de la capital.
Frente común y batalla legal en marcha
Ante este escenario, se ha consolidado una postura conjunta entre cámaras empresariales, barras de profesionistas y diversos sectores sociales para defender las instituciones de Parral. De hecho, abogados inconformes ya han promovido acciones legales formales, mientras se mantienen mesas de diálogo con el Tribunal Superior de Justicia para frenar la iniciativa.
El titular del Coder enfatizó que una modificación de tal magnitud jamás debe tomarse de manera unilateral. Sostuvo que cualquier cambio judicial de este impacto tiene que ser consultado con la sociedad civil, argumentando que la obligación del Estado es fortalecer la cercanía de la justicia y no reducirla.
